Montero rechaza explicar al Congreso por qué concede pluses de más de 50.000 € a sus altos cargos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, rechaza explicar al Congreso de los Diputados los motivos para otorgar pluses de productividad a sus altos cargos.

Entre esas gratificaciones destaca la recibida por la ex directora del Instituto de la Mujer -y ahora en la lista de Pablo Iglesias para las elecciones del 4M- Beatriz Gimeno, quien sumó un plus de 58.000 euros a su nómina de 59.000. En total, Gimeno recibió 113.404 euros por 11 meses en el Ministerio, en 2020, según publicó la web Sueldospúblicos. Gimeno es autora de algunas tesis polémicas, como en la que defendía que «para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas».

La asesora estrella de Montero justificó asimismo la quema de iglesias durante la II República española: «Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la gente corrió a quemar iglesias», escribió en una columna publicada el 31 de octubre de 2013 en Eldiario.es.

Sin respuesta

Varias diputadas del Partido Popular preguntaron por escrito al Ministerio de Igualdad sobre los pluses de productividad recibidos por sus altos cargos. Las parlamentarias se interesaban, entre otros asuntos, por «cuándo se han asignado esos complementos», «cuáles son los criterios utilizados para conceder esa retribución», o «quién mide el esfuerzo para concederlos». Igualmente se planteaba «quiénes han percibido ese complemento de productividad» y «qué cantidad ha sido concedida individualmente a cada alto cargo o personal eventual».

En su respuesta, el departamento de Irene Montero descarta contestar a las preguntas en concreto y se remite a generalidades.

«Cabe indicar que tanto a los altos cargos como al personal eventual del Ministerio de Igualdad se les han asignado los complementos de productividad como parte constitutiva de sus retribuciones desde la percepción de las mismas», señala, en primer lugar.

Añade la respuesta que «los conceptos y criterios aplicados son los derivados de la normativa vigente», y no ofrece datos concretos sobre las cuantías concedidas.

Por otro lado, sobre los criterios empleados para decidir estas gratificaciones, se limita a explicar que «la valoración sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios se realiza por la persona responsable en atención al principio de jerarquía que rige la actividad administrativa». «Su devengo se realiza mensualmente formando parte de las retribuciones complementarias que configuran la nómina, para el personal funcionario de carrera, el personal eventual y los altos cargos», concluye.

Más de 1 millón

Irene Montero dispone de un montante de 1.037.060 euros para «incentivos al rendimiento», especialmente en complementos de productividad, según consta en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Esta partida se distribuye en dos conceptos: 1.026.240 para productividad y 10.820 euros en «gratificaciones».

Los incentivos al rendimiento pueden ir destinados a funcionarios y personal laboral bajo las órdenes de la ministra de Igualdad, pero también a altos cargos y personal designado ‘a dedo’, como los asesores y demás empleados de confianza. Según se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público, estos complementos se dedican a reconocer el «especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el trabajo».

Estas cantidades están sujetas a una gran discrecionalidad y falta de transparencia. No se conocen las razones concretas por las que se asignan, ni tampoco existen criterios establecidos para el reparto. Lo que sí es evidente es que ese ‘plus’ supone un jugoso incremento al salario de base.

Pese a estas jugosas retribuciones, el balance legislativo del Ministerio de Irene Montero es nulo. Sus dos proyectos estrella, la Ley de libertades sexuales y la Ley ‘trans’ están parados por las discrepancias con sus socios de Gobierno y las múltiples deficiencias jurídicas detectadas.

Recientemente, cabe recordar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un demoledor informe sobre la conocida como Ley del ‘sólo sí es sí’ afirmando que «puede tener el efecto de desprotección a las víctimas».